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Crédito público

Exonerar la deuda pública: la doctrina del Tribunal Supremo de 2026

El artículo 489.1.5º del Texto Refundido de la Ley Concursal permite exonerar hasta 10.000 euros de deuda cuya gestión recaudatoria corresponde a la Agencia Tributaria y otros 10.000 euros de deuda con la Seguridad Social. El Tribunal Supremo, en sentencias de 18 de febrero de 2026, ha fijado que ese límite se aplica de forma independiente frente a cada acreedor de Derecho público.

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El punto de partida: el artículo 489.1.5º TRLC

El crédito público figura entre las deudas exceptuadas de la exoneración, con una excepción tasada: en la primera exoneración se exonera una parte de las deudas cuya gestión recaudatoria corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las deudas con la Seguridad Social.

El importe máximo exonerable es de 10.000 euros por deudor para las deudas de la Agencia Tributaria y de otros 10.000 euros por deudor para las de Seguridad Social. Los primeros 5.000 euros de deuda se exoneran íntegramente y, a partir de esa cifra, la exoneración alcanza el 50 % de la deuda hasta el máximo indicado.

La ley añade una regla de imputación que suele pasarse por alto y que puede cambiar el resultado del cálculo: el importe exonerado se aplica en orden inverso al de prelación legal de los créditos y, dentro de cada clase, por antigüedad.

Texto Refundido de la Ley Concursal (BOE)

La novedad: la doctrina de 18 de febrero de 2026

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencias de 18 de febrero de 2026, ha fijado doctrina sobre el alcance de la exoneración del crédito público en seis puntos que afectan directamente al planteamiento y al cálculo de un expediente.

  • Los límites del artículo 489.1.5º TRLC se aplican de forma independiente para cada acreedor de Derecho público, y no como un tope global único para todo el crédito público del deudor.
  • La exclusión parcial alcanza a todos los créditos públicos con independencia del organismo que tenga encomendada su recaudación, incluidos los ayuntamientos y las comunidades autónomas, y no solo a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social.
  • Se exoneran los intereses, los recargos y los créditos subordinados que no estén integrados en el principal privilegiado.
  • La existencia de una derivación de responsabilidad no impide automáticamente el beneficio: solo lo bloquea una conducta dolosa o gravemente reprochable equiparable a una infracción muy grave (STS 264/2026, ECLI:ES:TS:2026:440). El mismo criterio se reitera en la STS 263/2026 (ECLI:ES:TS:2026:438), en un caso en que la Agencia Tributaria invocaba un acuerdo firme de derivación de responsabilidad tributaria del artículo 43.1.a de la Ley General Tributaria para bloquear la exoneración: el Tribunal Supremo desestimó el recurso de la Agencia Tributaria aplicando el mismo criterio que en la 264/2026.
  • La verificación de la buena fe es de oficio, incluso sin oposición de los acreedores (STS 262/2026, ECLI:ES:TS:2026:439): el juez del concurso debe verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos del artículo 487.1 TRLC para considerar al deudor de buena fe, conforme a los artículos 502.1 y 498.2 TRLC, incluso cuando los acreedores muestren conformidad o no se opongan. Matiz procesal: en fase de apelación, si ninguna parte impugna expresamente el cumplimiento de esos requisitos, el tribunal de apelación no puede revisarlos de oficio, por el límite que impone el artículo 465.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
  • La exclusión por infracción tributaria muy grave sigue vigente y es compatible con el derecho europeo (STS 259/2026, ECLI:ES:TS:2026:441): la causa de exclusión del artículo 487.1.2º TRLC —deudor sancionado por infracciones tributarias muy graves en los diez años anteriores— es compatible con el artículo 23.2 de la Directiva (UE) 2019/1023, porque la lista de excepciones de la Directiva no es exhaustiva y los Estados pueden establecer otras causas restrictivas, siempre que estén bien definidas y debidamente justificadas. A diferencia de los casos anteriores, en este el Tribunal Supremo denegó la exoneración: no toda causa de exclusión cae ante la Directiva, y la del artículo 487.1.2º se mantiene precisamente porque ese tipo de infracción entraña habitualmente el empleo de medios fraudulentos.

Fuente: Sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 18 de febrero de 2026: STS 260/2026 (ECLI:ES:TS:2026:436), STS 264/2026 (ECLI:ES:TS:2026:440), STS 263/2026 (ECLI:ES:TS:2026:438), STS 262/2026 (ECLI:ES:TS:2026:439) y STS 259/2026 (ECLI:ES:TS:2026:441).

Qué cambia en la práctica para un deudor de Murcia

Imagine a una persona de la Región de Murcia con deuda simultánea con la Agencia Tributaria, con la Tesorería General de la Seguridad Social y con su ayuntamiento por tributos locales impagados. Con una lectura de tope global, el cálculo se agotaba antes de llegar al último acreedor.

Con la doctrina de 2026, el cálculo se hace acreedor por acreedor: la deuda estatal, la de Seguridad Social y la municipal se analizan cada una con su propio límite, y la parte de intereses y recargos que no se integra en el principal privilegiado deja de arrastrarse.

El efecto práctico es doble: la cifra que puede quedar exonerada suele ser mayor de lo que se venía calculando y el trabajo previo cambia, porque hay que pedir el detalle real de deuda a cada organismo, también a los locales y autonómicos, antes de proyectar nada.

Advertencia honesta: doctrina reciente

Se trata de doctrina reciente. Su traslación a cada expediente depende de los hechos concretos, de la composición del pasivo público y del criterio del juzgado competente, que todavía está incorporándola a sus resoluciones.

Ni esta página ni ninguna otra pueden anticipar el resultado de un procedimiento. Lo que sí puede hacerse desde ya es revisar el cálculo del crédito público de un expediente con estos criterios y comprobar si la cifra que se manejaba era la correcta.

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Insolvencia y buena fe en sentido técnico.

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