Requisitos para acogerse a la Segunda Oportunidad

Antes de solicitar la exoneración, revise estas condiciones y prepare los documentos que permiten acreditarlas. Esta lista orienta el estudio; la concesión corresponde al juzgado y no se garantiza por marcar unas casillas.

Insolvencia significa no poder atender regularmente las obligaciones exigibles. No equivale a no tener nada: se puede tener nómina, vivienda y coche y estar en insolvencia si los ingresos no cubren los vencimientos.

El artículo 2.3 TRLC también admite insolvencia inminente: prever que dentro de los tres meses siguientes no se podrán cumplir regular y puntualmente las obligaciones. No basta una preocupación genérica sobre las deudas: debe comprobarse la situación con ingresos y vencimientos.

La buena fe no es un juicio moral genérico. La ley enumera de forma tasada los supuestos que impiden obtener la exoneración, y su concurrencia se valora sobre la documentación del caso.

Por eso el expediente debe contar el origen del endeudamiento con documentos, no con adjetivos. Un endeudamiento por enfermedad, divorcio, pérdida de empleo o fracaso empresarial es perfectamente compatible con la buena fe.

Los artículos 487 y 488 TRLC contienen causas de exclusión y límites para nuevas solicitudes. Hay que comprobarlos completos y en la redacción aplicable al caso, con sus excepciones y con la documentación del deudor.

El artículo 487 contempla determinadas condenas firmes a penas privativas de libertad —también suspendidas o sustituidas— en los diez años anteriores, por los delitos y con el umbral de pena máxima que señala, con la excepción de responsabilidad criminal extinguida y responsabilidades pecuniarias satisfechas. También regula determinadas sanciones administrativas y derivaciones de responsabilidad, concurso culpable, afectación en un concurso culpable de tercero, incumplimiento de colaboración o información y datos falsos, engañosos o endeudamiento temerario o negligente. No toda sanción, deuda tributaria o derivación impide automáticamente la exoneración: hay que aplicar el supuesto concreto y sus excepciones.

El artículo 488 regula la nueva solicitud de quien ya obtuvo antes una exoneración: deben transcurrir dos años desde la exoneración definitiva cuando se obtuvo mediante plan de pagos, o cinco años desde la resolución que la concedió cuando se obtuvo con liquidación de la masa activa. Las nuevas solicitudes no alcanzan en ningún caso al crédito público.

La STS 263/2026, de 18 de febrero (ROJ: STS 438/2026; ECLI:ES:TS:2026:438), explica en su fundamento jurídico segundo, apartado 3, que el deudor debe aportar información sobre activo, pasivo y origen de las deudas, así como justificar el endeudamiento que pudiera resultar desproporcionado respecto de sus ingresos. El juez del concurso verifica los requisitos de oficio, incluso si los acreedores no se oponen; la sentencia distingue los límites de esa apreciación en apelación.

La STS 260/2026, de 18 de febrero (ROJ: STS 436/2026; ECLI:ES:TS:2026:436), en el fundamento que decide el motivo de casación, apartado 8, exige identificar los créditos cuya exoneración se solicita y que la resolución concrete los créditos exonerados. No constituye una promesa de cancelar cualquier deuda omitida ni de obtener una exoneración automática.